El control político entre los poderes del Estado

En estos últimos días, estamos siendo informados de las diversas conversaciones que vienen sosteniendo los representantes de las diferentes bancadas que tienen mayoritaria representación, tanto en la cámara de diputados como en el senado, con la finalidad de constituir los bloques partidarios que les permita tener el control de las referidas cámaras.

En un sistema de democracia representativa es común y normal que ello suceda; pues, se requiere que desde el parlamento nacional se produzca la normatividad necesaria y suficiente que haga posible la implementación y ejecución de las decisiones políticas que el Poder Ejecutivo pretenda ejecutar. Ello significa que la llamada “división de poderes” no es un término de aplicación estricta y absoluta, en el entendido de que los principales órganos políticos (Ejecutivo y Legislativo) no pueden andar por caminos diferentes, considerando que la labor de uno se complementa con la labor del otro.

Al respecto, lo que si nos debe de motivar es de estar muy atentos en qué va a resultar todo ello. Sabemos que en política nadie otorga apoyo “gratuitamente”; por lo tanto, se debe de identificar qué se ofrece para saber las verdaderas intenciones de los que acceden a crear estas alianzas partidarias en el funcionamiento del congreso. 

La experiencia vivida durante los últimos lustros nos deja un panorama de profunda incertidumbre. No podemos olvidar que la organización política que en pocos días asumirá la conducción del país fue la misma que, al contar con una mayoría absoluta en el congreso unicameral, representó un papel determinante en el origen de la inestabilidad política que el Perú soporta hasta hoy. Esa histórica representación parlamentaria, lejos de traducirse en gobernabilidad y defensa de las instituciones, terminó contribuyendo a una crisis que sigue repercutiendo en la vida política de la nación.

La labor parlamentaria resultará positiva cuando la producción legislativa responda, de forma oportuna y responsable, a los requerimientos del país a través de la aprobación de leyes y normas que contribuyan a una gestión más transparente, eficiente y eficaz de la cosa pública. Sin embargo, esa función se diluye cuando un grupo mayoritario en el parlamento, como consecuencia de una alianza de intereses con el partido de gobierno, renuncia a ejercer su trabajo de control y fiscalización, especialmente sobre el Poder Ejecutivo, bajo la lógica del "dejar hacer y dejar pasar" para preservar sus propios intereses.

Todo ello constituye una de las mayores distorsiones de la democracia representativa, el parlamento deja de cumplir su rol como contrapeso institucional para convertirse en un simple respaldo automático del gobierno del momento. Bajo esas circunstancias, la política se reduce a una disputa por preservar del poder, olvidándose del interés general. Los grandes perjudicados son los ciudadanos, que esperan de sus representantes un ejercicio responsable del poder, orientado al bien común, a fortalecer las instituciones y a la búsqueda de soluciones para los problemas sociales.

Esta realidad pone de manifiesto que una democracia no necesita un poder ejecutivo excesivamente fuerte frente a un parlamento complaciente. Por el contrario, requiere un congreso que ejerza con independencia y responsabilidad su función de control político y fiscalización, que garantice el adecuado equilibrio entre los poderes del Estado. De esa manera es posible asegurar que la legalidad en el funcionamiento de las principales instituciones estatales vaya acompañada de la legitimidad democrática, entendida como la aceptación y el respaldo de los ciudadanos a las decisiones y acciones del poder. En un Estado constitucional, la mera observancia de la ley no basta; el ejercicio del poder también debe inspirar confianza y responder a las expectativas e intereses comunes.

Es oportuno recordar a todas las agrupaciones políticas que tendrán representación en el nuevo congreso que la escasa votación en la primera vuelta de las elecciones generales es un claro indicador de la limitada legitimidad política de sus funciones. Esta reflexión incluye al Poder Ejecutivo, pues los resultados de esa misma jornada electoral evidenciaron que el grupo político que asumirá la conducción del gobierno el próximo 28 de julio fue respaldada por una minoría del electorado y que más del 80 % de los ciudadanos decidió por otras propuestas políticas en la primera vuelta.

Este escenario impone a las futuras autoridades una responsabilidad aún mayor para gobernar con prudencia, promover el diálogo, construir consensos y ejercer el poder con un profundo sentido social y democrático. La legitimidad de origen que otorgan las urnas debe fortalecerse mediante una legitimidad de ejercicio, sustentada en una gestión transparente, eficiente y orientada al bien común.

Los peruanos observan con expectativa el camino que tomará la próxima administración, se espera que este nuevo período de gobierno no represente otra oportunidad perdida, sino el inicio de una etapa de recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones, en la política y en quienes tienen la responsabilidad de conducir las riendas de la nación.

Publicado en el diario Expreso el lunes 13 de julio de 2026 (Columna Democracia y Educación n.° 287)

(*) Decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Sipán

Chiclayo, 16 de julio de 2026

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